AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este lunes que interpuso un recurso de apelación contra la sentencia que otorgó un perdón judicial al pelotero Wander Samuel Franco Aybar, pese a que fue declarado penalmente responsable de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente.
La apelación fue presentada de manera parcial por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata contra la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata, al considerar que la exención de pena no se corresponde con la gravedad de los hechos ni con los daños ocasionados a la víctima y a la sociedad.
En un comunicado, el órgano acusador sostuvo que la decisión incurre en una incorrecta aplicación de la ley, vulnera principios fundamentales del proceso penal y resulta incompatible con los hechos que el propio tribunal dio por probados.
«Las decisiones judiciales deben mantener coherencia con los hechos probados, la calificación jurídica establecida y el marco legal aplicable. La lucha contra la explotación de menores y el lavado de activos exige respuestas compatibles con los principios de legalidad y justicia», indicó el Ministerio Público.
Con el recurso, los fiscales solicitan a la Corte de Apelación revocar el perdón judicial concedido a Franco luego de que el tribunal determinara su responsabilidad penal por violación al artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, sobre abuso sexual y abuso psicológico contra una menor de edad.
El Ministerio Público argumentó que el perdón judicial es una figura prevista para circunstancias excepcionales, las cuales, a su juicio, no concurren en este caso. Agregó que la exención total de pena contradice la naturaleza y trascendencia social de los hechos juzgados, además de debilitar los fines preventivos y sancionadores del derecho penal.
La institución también advirtió que la decisión envía un mensaje contrario a la protección reforzada que el ordenamiento jurídico dominicano reconoce a los niños, niñas y adolescentes.
La sentencia recurrida condenó además a la madre de la adolescente a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos, decisión que no fue apelada por el Ministerio Público.
Con esta acción, el órgano acusador busca que la Corte de Apelación reexamine los aspectos impugnados y emita una decisión conforme a la Constitución, la legislación vigente y la protección de los derechos de las víctimas.
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