AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- La jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, autorizó los allanamientos realizados por el Ministerio Público en distintos inmuebles, como parte de una investigación por un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que habría generado operaciones por más de RD$40 millones.
La magistrada autorizó al Ministerio Público a ocupar objetos, bienes y evidencias que pudieran guardar relación directa con los hechos investigados, entre ellos teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, documentos físicos y digitales, facturas, libros de contabilidad, recibos, expedientes y documentos financieros vinculados con Senasa.
La orden judicial también contempla la ocupación de dinero en efectivo cuya procedencia sea pertinente para la investigación, así como armas de fuego, sustancias controladas y bienes, productos o instrumentos que pudieran estar relacionados con operaciones de lavado de activos.
Asimismo, Florimón autorizó la extracción, recuperación, visualización y análisis de los datos almacenados en los dispositivos electrónicos que fueran legalmente ocupados durante los registros.
La jueza estableció, sin embargo, que el análisis de la información digital deberá circunscribirse a los datos pertinentes y útiles para esclarecer los hechos investigados, preservando aquella información estrictamente privada que resulte ajena al objeto del proceso.
La investigación se inició tras denuncia de SeNaSa
De acuerdo con la solicitud presentada por el Ministerio Público y acogida por la magistrada, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024, luego de que la institución recibiera informaciones sobre supuestas irregularidades en autorizaciones de procedimientos médicos y consultas de afiliados.
Según la denuncia, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 se habrían utilizado varios números telefónicos para realizar llamadas al call center de Senasa y gestionar autorizaciones para cirugías, consultas especializadas y otros procedimientos ambulatorios que posteriormente no eran reconocidos por los afiliados a quienes se atribuían.
El Ministerio Público sostiene que esas maniobras habrían generado operaciones por aproximadamente RD$40 millones, presuntamente en perjuicio del Estado dominicano a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
La pesquisa busca establecer la eventual participación de empleados de Senasa, profesionales del sector salud y particulares que, de acuerdo con la hipótesis investigativa, habrían actuado de manera coordinada para obtener pagos de la administradora de riesgos de salud fuera de los parámetros establecidos legalmente.
Ministerio Público presentó 37 elementos de evidencia
Para sustentar la solicitud de allanamiento, el Ministerio Público depositó ante la jueza una relación de 37 elementos documentales y evidencias, entre ellos la denuncia presentada por Senasa, certificaciones de la empresa telefónica Altice Dominicana, actas de transcripción de interceptaciones telefónicas, certificaciones de recursos humanos de Senasa y comunicaciones de sus áreas de auditoría médica, autorizaciones y finanzas.
También fueron incorporados informes de auditoría médica y comunicaciones de las áreas financieras de Senasa relacionadas con varios profesionales de la salud.
Entre los médicos cuyos nombres aparecen en los documentos aportados figuran Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Laura Altagracia Santana Evangelista, Einstein Rafael Borromé Vásquez y Hanna Rashell Rodríguez Almánzar.
La documentación también incluye certificaciones de la Superintendencia de Bancos con informaciones financieras remitidas por entidades del sistema financiero nacional.
En el expediente aparecen, además, informaciones relacionadas con Ángel Luis Guzmán Vásquez, incluyendo certificaciones telefónicas, datos de la Tesorería de la Seguridad Social, documentación de la Junta Central Electoral, una comunicación de Senasa sobre su desvinculación, un acta de registro de persona y un pase de abordar de JetBlue correspondiente al 24 de abril de 2026.
La investigación incorpora igualmente varias actas de entrega voluntaria realizadas ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con documentos relacionados con compras, seguros, servicios médicos, contratos y otras operaciones.
Allanamientos abarcaron a varias personas
Los registros autorizados por la jueza fueron ejecutados en inmuebles vinculados a distintas personas, entre ellas Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Juan Henry Poueriet, Einstein Rafael Borromé Vásquez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Steven Alexander Rabassa Fernández, Marcelino Eusebio Figuereo y Eulalia Fiordaliza Castro López.
También figuran Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luis Manuel Tejada Moreno, Rafael Mauricio Cabral González, María Isabel Batista Germán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Rafael Messon Manzueta, Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez y Luz Esther Reyes Durán de Ramírez.
La lista incluye además a Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García.
En la documentación también aparece la familia Guzmán Vásquez.
Orden tenía vigencia de 15 días
La jueza Ana Lee Florimón dispuso que las incautaciones se limitaran a objetos y evidencias relacionados con el objeto de la investigación y autorizó el levantamiento, instrumentación y conservación en formato digital de las actas correspondientes a los registros.
El Ministerio Público recibió un plazo de 15 días para ejecutar la orden de allanamiento, luego del cual sus términos quedarían sin efecto.
La resolución judicial ordenó, además, que los fiscales actuaran conforme a las disposiciones de los artículos 175 y 183 del Código Procesal Penal, relativos a los registros y allanamientos.
La investigación permanece en curso y será el Ministerio Público, conforme avance la pesquisa, el que deberá establecer las responsabilidades individuales que eventualmente correspondan respecto de las personas vinculadas al expediente.
!Compartir este artículo a través de tus redes sociales!