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SANTO DIMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó este viernes la calificación jurídica de terrorismo contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y otros acusados de presuntas irregularidades en la contratación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Sin embargo, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que la decisión no representa un revés para la acusación y sostuvo que los hechos, las pruebas y los cargos principales del expediente permanecen intactos.
“Hay varias cosas que hay que resaltar sobre este proceso. Lo primero es que esta es la primera acusación que se conoce con la modificación que se hizo al Código Procesal Penal”, expresó Wilson Camacho al salir de la audiencia.
Respecto a la exclusión del tipo penal de terrorismo, explicó que el tribunal acogió una interpretación según la cual no se configura el elemento subjetivo requerido para esa infracción, aunque mantuvo la acusación por sabotaje.
“El tribunal excluye el tipo penal de terrorismo sobre una visión de que no se da la parte subjetiva del tipo penal, pero retuvo el sabotaje, que permite retener la parte objetiva del tipo penal. Esta es una cuestión que puede perfectamente resolverse en juicio en la medida en que el Ministerio Público pruebe la realidad de la conducta y podamos solicitar que el tribunal varíe la calificación jurídica”, afirmó.
Camacho insistió en que la decisión no afecta la solidez del caso y comparó el alcance de lo retenido por el tribunal con la mayor parte de la acusación original.
“No debilita el caso porque los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje. Es como decir que el tribunal retuvo del tipo penal el 90 %. El resto nosotros lo podemos probar y resolver en juicio en la medida en que se presenten las pruebas”, enfatizó.
Camacho destacó que la calificación jurídica retenida por el tribunal incluye el delito de lavado de activos, lo que implica que los imputados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de reclusión en caso de ser hallados culpables.
Con la decisión emitida este viernes, la jueza Yanibet Rivas abrió formalmente la puerta al juicio de fondo contra los imputados y las empresas incluidas en el expediente.
En esa etapa, el órgano acusador procurará demostrar la existencia de un presunto entramado de corrupción, estafa contra el Estado, sabotaje y lavado de activos vinculado al sistema de gestión del tránsito en el Gran Santo Domingo.
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