AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- El juez Alejandro Vargas pospuso este lunes para el día 28 de diciembre el conocimiento a la objeción de los archivos definitivos en el caso Odebrecht porque los abogados de Temístocles Montás alegaron que la institución que depositó la objeción no tienen personalidad jurídica.
Esta defensa se refiere a la Fundación Alianza Ciudadana y sus colaboradores, quienes fueron los encargados de depositar la objeción a los archivos definitivos por considerarlos como irregulares.
La representante de la fundación, abogada Evelyn Torres manifestó que los abogados de Montás depositaron su objeción la mañana de este miércoles, casi a la hora próxima de la audiencia, lo que les impide estudiar las documentaciones para posteriormente defenderse.
Aseguró que este punto en específico fue el que llevó al juez a aplazar la audiencia para el 28 de diciembre por considerar que Alianza Ciudadana no está en la condición de conocer y estudiar la objeción de Montás “para dar la debida contestación”.
La jurista Torres reiteró su impulso para objetar los archivos definitivos en favor de siete señalados en el caso Odebrecht y afirmó que estos son “ilegales” porque no cuentan con el debido aval.
Asimismo, expresó que los archivos definitivos se efectuaron “ocultos y a escondidas” del pueblo dominicano y que, por tanto, ningún ciudadano podía conocerlos o estudiarlos.
Esta es la segunda vez que el conocimiento de los archivos definitivos es pospuesto, ya que la primera vez la jueza que sería encargada de dirigir la audiencia, magistrada Keila Pérez, se inhibió de dirigir el caso por sus vínculos de amistad con uno de los favorecidos, Ruddy González.
Los archivos definitivos se efectuaron en favor del actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Ruddy González, el exsenador Julio César Valentín, Máximo D’Oleo y Bernardo Castellanos.
Cuando se reaperturó el juicio por el caso Odebrecht, el magistrado Camacho, titular de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) denunció que los archivos definitivos presentaban “ciertas irregularidades” y que, por tanto, debían investigarse a profundidad.
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