AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- Este jueves por la tarde, el Ministerio Público presentará un recurso de apelación contra las medidas de coerción impuestas a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Ambos están imputados de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, tras el trágico desplome del techo de la discoteca Jet Set Club el pasado 8 de abril.
Este incidente causó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos.
Según fuentes fidedignas, la apelación será depositada ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tribunal que previamente había favorecido a los imputados con medidas como garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Una vez que el tribunal reciba el recurso, lo remitirá a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual es presidida por Julio César Cano Alfau. Este, a su vez, mediante un sorteo aleatorio computarizado, asignará el caso a una de las tres salas penales para que conozca y decida sobre el pedido solicitado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, alega que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que los hechos han causado a la sociedad dominicana; pero, sobre todo, el daño que significa para 236 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta.
Además, sostiene que, como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat, estos priorizaron su interés económico por encima de la seguridad de las personas que se encontraban y acudían normalmente a esa discoteca.
Impugnan desición
El día de ayer, el abogado de 30 querellantes, Félix Portes Núñez, depositó la instancia impugnando la decisión que dispuso la libertad de los hermanos Espaillat, propietarios del club nocturno.
En la instancia se pide a la Sala Penal de la Corte de Apelación, que resulte apoderada del recurso, revocar las medidas de coerción dictadas a los hermanos Espaillat y ordenar la prisión preventiva en su contra.
Cuestionó la afirmación de la jueza de que no puede asumir como cierta una conducta punible atribuida a los encartados, señalando que esta afirmación desconoce la naturaleza del dolo eventual, al exigir un dolo directo como condición excluyente para la responsabilidad penal.
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