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MIAMI, EE.UU.– Al menos 11.000 niños ciudadanos estadounidenses han quedado separados de sus padres como consecuencia de las redadas migratorias registradas durante los primeros siete meses del segundo mandato de Donald Trump, iniciado en enero de 2025, según una investigación del medio ProPublica.
El informe advierte que estas medidas han afectado de manera desproporcionada a familias latinas. En promedio, más de 50 niños pierden diariamente el contacto con uno de sus progenitores debido a detenciones migratorias, lo que evidencia el alcance humano de estas políticas.
Aumento de deportaciones de madres
Las madres están siendo deportadas a una tasa cuatro veces mayor que durante la administración de Joe Biden. Además, el 75 % de las personas detenidas no cuenta con antecedentes penales graves, lo que refuerza el debate sobre los criterios aplicados en los operativos.
Datos inéditos sobre menores afectados
De acuerdo con ProPublica, el análisis constituye el recuento más detallado hasta la fecha sobre niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres inmigrantes han sido arrestados, detenidos o deportados.
La investigación se basa en registros I-213 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, obtenidos por la Universidad de Washington. Estos documentos incluyen información sobre la ciudadanía y el número de hijos menores de cada detenido.
Alcance y limitaciones del estudio
Los datos abarcan desde finales de 2021 hasta mediados de 2025 y solo consideran arrestos realizados por el ICE, sin incluir las detenciones efectuadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que sugiere que la cifra real podría ser aún mayor.
Reacciones y denuncias
“Una vez más, lo que estamos presenciando es un ataque calculado contra las familias latinas trabajadoras”, afirmó Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino.
“Apuntar contra las madres, separar familias, deportar y encarcelar a niños son actos propios de un régimen, no de una presidencia, y exigen rendición de cuentas”, agregó la activista, en una declaración que refleja la creciente preocupación de organizaciones civiles frente al impacto de estas políticas.
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