AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados vinculados a una presunta trama de corrupción administrativa en la institución.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero, encargado del control de la investigación, fijó la audiencia para las 9:00 de la mañana. Durante la vista, decidirá si mantiene o varía la prisión preventiva que pesa sobre los encartados.
Además de Santiago Hazim, serán presentados ante el tribunal Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
La revisión se produce luego de que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impusiera prisión preventiva contra los imputados y ordenara su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.
En tanto, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, el empresario Eduardo Read Estrella y Ada Ledesma Ubiera permanecen bajo arresto domiciliario.
El pasado 5 de agosto, el tribunal mantuvo en prisión al grupo tras conocer una revisión obligatoria de la medida de coerción.
El presunto entramado
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la supuesta estructura criminal habría sido encabezada por Santiago Marcelo Hazim Albainy y operaba mediante un «comité operativo» paralelo, desde el cual se centralizaban decisiones estratégicas al margen de los canales institucionales de Senasa.
El órgano persecutor sostiene que este mecanismo permitía agilizar o bloquear procesos a cambio de beneficios económicos, en violación de los requisitos legales del sistema público de salud.
La acusación señala que el supuesto fraude incluía la adulteración de documentos, la presentación de reclamaciones falsas y la autorización de pagos sustentados en facturación simulada. También se habría gestionado la habilitación de prestadores de servicios de salud a cambio de pagos ilícitos.
Según las autoridades, los involucrados habrían utilizado empresas de carpeta y operaciones bancarias trianguladas para ocultar el origen de fondos presuntamente desviados de las reservas técnicas de la aseguradora estatal.
El Ministerio Público atribuye al grupo participación en un entramado que habría causado al Estado dominicano pérdidas superiores a RD$15,900 millones. Los hechos permanecen bajo investigación y las responsabilidades deberán ser determinadas por los tribunales.
!Compartir este artículo a través de tus redes sociales!