AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- De acuerdo con el proyecto de ley sobre trata de personas que cursa en el Congreso Nacional, los inmigrantes que sean víctimas de tráfico ilícito tendrían beneficios de protección, entre los que resaltan un permiso de trabajo y un seguro de salud provisional hasta que la justicia determine su estatus.
Así lo constata el artículo 63 del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, en el que se especifican 18 medidas de «asistencia y protección» a las víctimas y sobrevivientes de trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes y explotación.
Entre las medidas que señala el artículo se dispone de un tiempo adecuado para que la víctima tenga un período de «reflexión y recuperación» para considerar sus opciones y tomar decisiones informadas.
Asimismo, se facilitaría un intérprete de su lengua materna para una mayor comprensión y considerar sus opiniones sobre si participar o no en el proceso penal del que fuera parte.
Asistencia mental
También se brindará atención médica, psicológica y psiquiátrica oportuna para su recuperación, además de gestionarse el acceso a la educación y de capacitación de acuerdo con su nivel el nivel de escolaridad de la víctima.
El mismo artículo también busca gestionar la permanencia regular de la víctima en el país, por lo que se harán «todos los trámites necesarios» para obtener permisos migratorios y de residencia y así también facilitar la reunión familiar.
En cuanto al proceso de litigio de la víctima, el Estado proporcionará y facilitará la asistencia legal y gratuita a los sobrevivientes de tráfico ilícito de inmigrantes, pero respetará su decisión de no participar en el proceso sin salir perjudicado.
Las medidas señaladas se encuentran resumidas en el proyecto de ley sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de inmigrantes que elaboró el Poder Ejecutivo y que actualmente se encuentra en fase de estudio en el Senado.
Desde allí, según el senador Eduardo Estrella, se harán los cambios necesarios en una gran consulta pública donde los sectores sociales interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto legislativo.
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