AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- La jueza Lissa Veras Rivas, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este jueves tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Hony Rincón Muñoz, acusada de homicidio involuntario en perjuicio de su hijo de dos años, hecho registrado en el sector Los Praditos de esta capital.
La medida cautelar será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, donde estará por un lapso de tres meses, cuya revisión obligatoria será el 15 de marzo del 2023.
De acuerdo a la abogada de los parientes del menor fallecido por supuesta deshidratación, Mirta Constanza explicó que la solicitud de medida de coerción la mujer es señalada de homicidio involuntario.
Asimismo, dijo que las argumentaciones fueron valoradas por el tribunal, de imponer esa medida de tres meses hasta que el Ministerio Público concluya con la investigación en el caso.
De su lado, la abuela del infante, agradeció destacó que hoy la justicia demostró que está haciendo su trabajo.
“Se lo agradezco des de el fondo de mi corazón, porque no fue a un perro, es un niño que ahora no está con nosotros lamentablemente, y lo peor que fue su madre”, expresó la mujer.
Mientras que Rolando Corniell, representante legal de la imputada, consideró que la decisión fue irracional e injusta, producto de una medida de coerción consistente en prisión preventiva de manera ilógica.
“El Ministerio Público no entiende de sociología jurídica y menos de investigación, compromiso social, solo está metido en sus cuarteles como una estructura de prisión preventiva y tenemos jueces que no son independientes”, destacó el letrado.
Además, resaltó, que en la teoría de los hechos lo que hubo fue un descuido por parte de la progenitora con el menor, lo que no hay que ser tan drástico para dictar una prisión preventiva.
“La conducta típica ante la irresponsabilidad de una padre no le es irreprochable a la madre naturalmente, ella no mató al niño y así lo razonó el juez, pero falló por la hipótesis legal de un homicidio, tortura y barbiere”, sostuvo el letrado.
Expresó que a la joven de 18 años de edad, debía enviarse a un centro de atención psicológica porque padece de traumas severos pre y posnatal a consecuencia de violencia sexual infantil aberrante y de género continúa.
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