AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.– Roberto Antonio Canaán, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), habría sido la persona que entregó un soborno de US$10,000 al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, según consta en la orden de arresto.
Canaán es identificado como uno de los testigos en el caso relacionado la estafa de 15 mil millones de pesos al Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público establece que el fiscal Aurelio Valdez Alcántara se valió de información privilegiada sobre los vínculos personales y propiedades del testigo Roberto Canaán para colocarle en una situación de vulnerabilidad y ejercer una posición de dominio.
En ese contexto, durante un encuentro entre ambos, el investigado habría propuesto de forma expresa alterar el curso del proceso en la fase de investigación a cambio de un beneficio económico directo, configurando así una presunta negociación ilícita en perjuicio de la administración de justicia.
Valdez Alcántara fue arrestado en flagrante delito al momento de recibir el soborno, y solicitó en su contra la imposición de un año de prisión preventiva como medida de coerción.
La solicitud fue depositada por el procurador fiscal Andrés Mena ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, magistrada Ysis Muñiz Almonte, en un expediente de unas 50 páginas.
El caso es dirigido por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución, quienes encabezan la investigación por presuntos actos de corrupción.
Según el expediente, el fiscal imputado habría exigido inicialmente la suma de US$200,000, reducida posteriormente a US$150,000, además de mostrar interés en recibir un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz modelo 350 o 450.
Debido a su condición de fiscal, el imputado cuenta con jurisdicción privilegiada, por lo que fue designada una jueza especial para conocer el caso.
Reacciones en el ámbito jurídico
El caso ha generado reacciones encontradas entre abogados consultados
El jurista Ricardo Alcántara consideró que la situación obliga a revisar las investigaciones en las que participó el fiscal.
“Si dentro de la misma Procuraduría detectan una situación grave, los demás casos llevados por ese fiscal deben ser investigados a fondo”, expresó, al tiempo que cuestionó la credibilidad de su accionar.
De su lado, la abogada Milagros Reyes Rocha calificó el hecho como un duro golpe a la institucionalidad.
“Ha sido un golpe bajo a la justicia y al Ministerio Público. Esto afecta la percepción que tiene la ciudadanía del sistema”, sostuvo.
En contraste, el abogado Carlos Balcácer llamó a la prudencia y a evitar generalizaciones.
“Este tipo de hechos suele ocurrir de manera individual. No se puede utilizar este caso para desacreditar otras investigaciones ni sacar provecho en procesos en curso”, afirmó.
Asimismo, advirtió que utilizar este caso para debilitar expedientes judiciales activos sería un acto de oportunismo.
La audiencia para conocer la medida de coerción contra el fiscal está fijada para las 2:00 de la tarde de este lunes.
!Compartir este artículo a través de tus redes sociales!