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Trabajar en la informalidad y tener un estatus migratorio irregular son dos de los principales obstáculos a los cuales se enfrenta una persona migrante para que le garanticen sus derechos laborales en la República Dominicana, señaló Katherine Martínez, coordinadora nacional de proyectos en el país caribeño de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Martínez explicó que, aunque en el país el Código de Trabajo señala que a todas las personas trabajadoras se les deben garantizar sus derechos laborales, en la práctica existe una imposibilidad material para los migrantes irregulares porque no poseen los documentos necesarios que le ayudarán a garantizar esos derechos.
Aunque se puede dar una dinámica de trabajo de forma verbal, Martínez indicó que la ley laboral en el país establece que los contratos de personas extranjeras deben darse por escrito para formalizarlo en el Ministerio de Trabajo.
“La dinámica de contratación de las personas migrantes se da bajo la lógica de patrocinio del empleador. Eso quiere decir que la persona cuando se vincula laboralmente debería entrar al país con una visa de trabajo y, entonces, se le habilitan facilidades para tener su contrato de trabajo formal y, posteriormente, poder vincularlo a la seguridad social”, explicó.
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