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El representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, interpuso este jueves un recurso de apelación en contra de la decisión del juez que declaró un no ha lugar a favor de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como de otros 16 acusados por la venta del barrio Los Tres Brazos.
El recurso alega que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró no motivó suficientemente la decisión, lo cual es un mandato de ley. También entienden que el tribunal no valoró las pruebas que presentaron los investigadores del Ministerio Público.
Con el recurso están pidiendo que sea revocada la decisión del juez y se ordene la celebración de un nuevo juicio.
El Ministerio Público también apeló la decisión. El fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), habría considerado como “decepcionante” la decisión del tribunal.
“Es una decisión sumamente decepcionante, que nosotros la consideramos completamente divorciada de lo que es el Derecho y que no se corresponde ni con la acusación ni con las pruebas; por esa razón, nosotros estamos determinados a que tan pronto la tengamos por escrito en nuestro poder, vamos a proceder inmediatamente a apelar”, dijo.
Los procesados
Además de Leoncio Almánzar, en este caso fueron imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
El órgano de la persecución penal estableció que los involucrados en la trama enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
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