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SANTO DOMINGO.- La medida de coerción contra los imputados del presunto entramado delictivo contra el Estado dominicano se conocerá este domingo con fuerte resguardo policial, luego que se produjera un incidente el pasado lunes con dirigentes peledeísta y los policías que custodiaban la entrada del Palacio de Justicia.
La medida cautelar que se conocerá contra los 20 acusados de desfalco en perjuicio del erario público a través de maniobras fraudulentas, cuyo principal imputado son los exministros de Hacienda, Donald Guerrero;Gonzalo Castillo, de Obras Públicas; José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia de la pasada gestión de Danilo Medina Sánchez se enfrentarán ante el tribunal.
La jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional y coordinadora de los Juzgados de Instrucción, estará a cargo de escuchar al Ministerio Público, quien pide para el grupo 18 meses de prisión preventiva contra el grupo y la declaración de caso complejo, así como a las defensas y evaluar si existe méritos suficientes para enviar a una cárcel de manera preventiva a los encartados.
En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo, precisó un documento de prensa del órgano acusador.
En el grupo también figuran el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del órgano persecutor en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
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