AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- El pasado 4 de agosto, Cristal Martínez (nombre ficticio para proteger su identidad) se disponía a agotar los pasos para poder obtener un carnet de aprendizaje, un permiso para personas mayores de 18 años que les permite conducir un vehículo, siempre y cuando estén acompañadas por una persona con licencia.
Entre los requisitos figura una certificación de no antecedentes penales. Tras pagar los impuestos correspondientes, la solicitó y, ¡oh, sorpresa!, le dijeron que no se la podían emitir porque tenía pendiente el pago de dos multas por infracciones de tránsito.
De inmediato, la impotencia se apoderó de ella. No por el monto que implicaban las contravenciones (2,000 pesos), sino porque ella asegura que no conduce, no tiene vehículo y, mucho menos, licencia de conducir, dato último que fue corroborado en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Al quejarse, por lo que ella califica como una injusticia, Martínez fue remitida a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para que reclamara las multas: una por estacionamiento en un lugar prohibido y otra por no portar licencia de conducir o tenerla vencida mientras conducía.
Según los registros de la Digesett, ambas sanciones de tránsito fueron impuestas el 28 de julio de 2025, a las 3:26 de la tarde, próximo al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), por un agente de apellido Fernández.
Los representantes de la referida institución no supieron contestar la interrogante que no deja de dar vueltas en la cabeza de Cristal: «¿Cómo es que yo tengo multas si no tengo vehículo, no manejo y nunca he tenido licencia?».
Pero Cristal no es la única que está atravesando por esta situación. Tamara Encarnación (nombre ficticio de otra entrevistada) también tiene cuentas pendientes en materia de tránsito y figura con una deuda de 3,334 pesos por supuestamente haber violado en dos ocasiones, en el año 2012, la luz roja del semáforo.
Tamara se enteró de la misma forma que Cristal, cuando le negaron una certificación de buena conducta, como se le llama popularmente.
Aunque Tamara recibió la noticia al inicio de la pandemia, cuando debía hacer un trámite que luego tuvo que suspender, no fue hasta agosto de este año que decidió reaccionar. Una vez en el tribunal de tránsito, le dieron la opción de exonerarle ambas multas, consideradas en el sistema como ya caducadas.
Multas caducadas
En la República Dominicana, las multas por violar una o varias de las reglas de tránsito establecidas en la Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial prescriben al cabo de un año. Esto implica que, si no se abonan dentro de ese período, las autoridades no pueden exigir su pago por vía legal.
Asimismo, si transcurren dos años sin que se haya tomado acción, la multa se considera caducada, lo que impide cualquier procedimiento o sanción contra el conductor, conforme a lo establecido en el artículo 45 del Código Procesal Penal.
A propósito de esta disposición, Tamara solo tuvo que solicitar la anulación de las infracciones, proceso que tarda cinco días laborables. Sin embargo, Cristal no corrió con la misma suerte.
En su caso, tiene un mes a partir de la fecha de la fiscalización para apelarla ante el tribunal correspondiente o, si ya pasaron los 30 días, debe simplemente pagar, en caso de que requiera hacer alguno de los trámites legales que exigen no tener pendiente el pago de multas de tránsito.
Vieja práctica
Las denuncias de ciudadanos que no reconocen multas por infracciones de tránsito datan de más de una década.
En el año 2015 se anunció la puesta en marcha de una operación contra agentes que registraban infracciones sin motivos. Dichas irregularidades se venían cometiendo desde el 2012, según las autoridades.
«En el 2015 se determinaron esas irregularidades y fruto de esa investigación salieron oficiales y agentes cancelados, sancionados, dándose por terminada esa mala práctica. Lo que ocurría en ese entonces, hoy es de suponer que no debe de estar ocurriendo», afirmó este miércoles el vocero de la Digesett, coronel Rafael Tejada Baldera.
A propósito de las denuncias hechas a Diario Libre por las jóvenes Cristal y Tamara, Tejada Baldera informó que abrirá una investigación en conjunto con el Ministerio Público, que determine el origen de las infracciones que las ciudadanas no reconocen.
Explicó que, de acuerdo con los lineamientos de la institución, todo agente tiene contacto con el conductor al momento de levantar una infracción, salvo en los casos en que el vehículo esté mal estacionado y no haya nadie a bordo.
«Estos son casos que deben estar sujetos a una investigación para determinar el por qué aparecen esas fiscalizaciones mientras la persona alega no tener ni licencia ni vehículo ni tener esa placa ningún tipo de responsabilidad frente a la misma», apuntó, refiriéndose a las denuncias en cuestión.
Afirma que, con la investigación, se podrá determinar qué sucedió y, en caso de que arroje alguna irregularidad, el agente responsable de formar el acta de infracción es pasible hasta de cancelación.
El problema no es económico
Cristal no solo expresa su frustración por no entender el origen de las multas que aparecen en su historial, sino también por «la lucha» que ha enfrentado en los últimos días sin lograr una solución.
Con un tono enérgico, insiste en que el problema no es económico, sino de justicia: lo que exige es una investigación que esclarezca lo sucedido y ponga fin a lo que ella califica como una «mafia».
«Yo he gastado más pagando taxi para ir a resolver que lo que me cuestan las multas, pero no las voy a pagar, porque yo no hice eso. Lo que quiero es que se investigue», reclama con firmeza.
Describe el proceso como desorganizado y agotador. «Me están poniendo a dar vueltas de allí para acá, y lo último que me dijeron es que tenía que ir para Santo Domingo Este, porque la multa la pusieron por el aeropuerto».
Al ser consultada sobre el vehículo en el que supuestamente se cometió la infracción, una yipeta BMW, sostiene que no conoce a la persona que en el sistema oficial aparece como propietario.
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