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SANTO DOMINGO.- Los abogados de los imputados en el caso Calamar, a quienes se les conoce medida de coerción en la actualidad, sostienen que sus defendidos no se sustraerán del proceso, por lo que entienden no debe imponerse la prisión preventiva como ha solicitado el Ministerio Público.
Los abogados de los imputados Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Luis Miguel Piccirilo insisten en que la investigación que ha llevado la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) es conocida desde hace más de dos años y que sus defendidos se han mantenido dispuestos a enfrentar la justicia.
En el caso de los abogados de Castillo, Luis Rivas y Laura Acosta, entienden que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha presentado pruebas que justifiquen su mantenimiento en prisión.
Según Rivas, en más de dos años que lleva la investigación, y que ha sido de conocimiento público, su defendido no se ha sustraído del proceso.
“Los presupuestos que va a aportar la defensa del señor Gonzalo Castillo son para que, a partir de este momento, él sea puesto en libertad pura y simple”, dijo.
Con planteamiento similar se expresó Wendy Lora, abogada de Piccirilo, que asegura que su defendido puede enfrentar el proceso en libertad, pues “no va a huir” de la acusación que se presenta en su contra.
Lora aseguró que si después de filtrarse la investigación, hace casi tres años, el exdirector del Consejo Estatal de Azúcar (CEA) no ha salido del país, “no lo hará ahora”.
“Nosotros contamos con todos los elementos para poder fundamentar que el señor Luis Miguel Piccirilo no va a ausentarse del proceso como no lo ha hecho desde agosto de 2020 cuando, de manera estratégica, se filtró la información de la investigación”, aseguró Lora.
Mientras Santiago Rodríguez, abogado de Peralta, dijo estar todavía a la espera de ver la acusación exacta contra su cliente, pues no percibe nada concreto en lo expresado en la solicitud de medida de coerción de la Pepca.
La medida de coerción empezó a conocerse ayer a los 20 detenidos entre los días 18 y 19 de marzo en lo que la Pepca denominó la Operación Calamar.
Al grupo se le atribuye conformar una estructura de corrupción que desfalcó al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos y se le imputa los delitos de sobornos, lavado de activos, financiamiento ilícito de campañas políticas, coalición de funcionarios y estafa contra Estado. La Pepca pide 18 meses de prisión preventiva como coerción a los detenidos y la declaratoria de complejidad del caso.
Los acusados
Además de Castillo, Piccirilo y Peralta, en la operación fue detenido el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien encabeza la supuesta trama que se habría estructurado desde esa dependencia y que consistió en el supuesto pago irregular, por expropiación y compra de terrenos, por parte del Estado a particulares. También el cobro irregular a bancas de loterías, de apuestas y colmados. Los otros detenidos son el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. El expediente de solicitud de coerción incluye, asimismo, a los arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
El Ministerio Público señala que cuenta con más de 1,200 pruebas documentales que responsabilizan a los encartados en el desfalco al Estado y que partes importantes de los fondos distraídos fueron recibidos de manera personal por el exministro Gonzalo Castillo, entonces aspirante a la Presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Rechaza inadmisión de querellas
En el inicio del conocimiento de la solicitud de coerción, la magistrada Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, rechazó declarar la inadmisibilidad de las querellas presentadas por el Estado y varias personas que dicen sentirse estafadas por la estructura, entre ellos las familias Gatón y Mota.
La jueza rechazó, sin embargo, admitir una querella que presentó la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano porque no vio vinculación con los hechos planteados en esta fase del proceso.
Además de los exministros encartados, la querella de la federación incluía al exministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y se fundamenta en la supuesta violación a las disposiciones legales que establecen que se destinen dos pesos de la venta de combustibles para un fondo para la renovación del parque vehicular de los transportistas públicos, según explicó su abogado, Carlos Mesa.
Sin percances
La audiencia de ayer para conocer la solicitud de medida de coerción a los acusados en Operación Calamar se desarrolló con el entorno del Palacio de Justicia en total calma y fuertemente custodiado.
Decenas de agentes policiales fueron asignados en el lugar desde muy temprano en la mañana para evitar incidentes como los ocurridos en los dos intentos fallidos de celebrar la audiencia la pasada semana y el domingo.
El lunes 20, un grupo de dirigentes peledeístas intentó penetrar a la fuerza al Palacio de Justicia, lo que generó un forcejeo entre policías y manifestantes que provocó que la puerta de cristal del edificio terminara rota y varias personas heridas.
El pasado domingo, horas después de aplazarse el conocimiento de la solicitud de la coerción, otro grupo de peledeístas fue dispersado con bombas lacrimógenas en la calle y en la Casa Nacional del PLD.
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