AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar (presidenta), Clara Sobeida Castillo y Yissell Soto, se reservaron para este próximo miércoles 25 de octubre a las 9:00 de la mañana la emisión del fallo sobre dos incidentes planteados por el Ministerio Público y las defensas de los imputados del caso Antipulpo, en el cual se señala a Alexis Medina y otras 47 personas y empresas como supuestos vinculados.
Los incidentes que deberán definir las magistradas son la solicitud de que el pleno ordene el reinicio del juicio de fondo incoado por el Ministerio Publico, tras un mes de haberse iniciado. Hasta ahora se han leído 400 páginas de más 3,445 que conforman el expediente.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, en representación del órgano acusador, explicó que este pedimento se hace debido al rompimiento de la inmediación del proceso.
La inmediación en derecho implica el conocimiento directo de las pruebas y que éstas sean incorporadas en presencia de todas las partes.
La defensa
En tanto, las distintas barras de la defensa solicitaron la nulidad del proceso, por considerar que el extenso expediente no ha sido leído haciendo énfasis en el relato fáctico (los hechos) y la calificación jurídica (leyes violadas).
En este expediente acusatorio, el Ministerio Público acusa a más de 40 personas físicas y jurídicas y establece que el principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Según el documento acusatorio, Medina Sánchez se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que presuntamente incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Otros imputados
Además de Medina Sánchez, el órgano persecutor acusa también a Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.
También, a Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa, así como de Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao – Editorama y de Lorenzo -Freddy- Hidalgo.
En la etapa preliminar de este proceso judicial, los imputados Francisco Pagán, exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE); Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, los cuales fueron acogidos como buenos y válidos por el tribunal.
Recuperación de bienes
Producto del acuerdo el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
En esta audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, así como los fiscales litigantes Elizabeth Paredes, Yoneiby González, Hector Guzmán Alberto y Héctor García.
!Compartir este artículo a través de nuestras redes sociales!