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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) presentará la próxima semana una acusación formal contra un grupo que, según se alega, operó durante muchos años dentro de la Procuraduría General de la República y se le imputa haber borrado casi 17,000 fichas o prontuarios de condenados por diversos delitos.
La red, desmantelada bajo la Operación Gavilán, incluye a «unos siete fiscales«, cuyos nombres aún no han sido revelados, a pesar de que la investigación se dio a conocer hace casi seis meses.
El fiscal Andrés Mena, de la Pepca, reveló esta información al salir de una audiencia en la que se ratificó la prisión de uno de los implicados en la supuesta red formada por empleados del Ministerio Público, quienes llevaban «muchos años» trabajando en esa institución.
El Séptimo Juzgado de Instrucción ratificó la prisión de Domingo Julio Santana, mensajero de la Fiscalía del Distrito Nacional, quien, según Mena, reclutaba a personas sobornables para eliminar sus antecedentes.
La semana pasada, también se ratificó la misma medida de coerción para Alfredo Mirambeaux Villalona, encargado de la Base de Datos de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría General.
Otros involucrados que están en prisión por el mismo caso son Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Morbán y Luis Alfredo Astacio.
Además de los cinco que están detenidos en Najayo y San Pedro de Macorís, otros siete acusados que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público tienen prohibición de salida del país y deben presentar una garantía económica.
Estos siete son: Laudelina Esther Reyes Silva, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina, Dilcia Argentina Núñez Santos y Pilar Yrenes Medina Trinidad.
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