AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- La jueza Ysis Muñiz, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá este martes a las 2:00 de la tarde la medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por supuestamente haber recibido un soborno de US$10,000 de un testigo del Ministerio Público.
La defensa del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, encabezada por el abogado Albert Delgado y Valentín Medrano, recusó a la magistrada para evitar que conozca la coerción.
La recusación fue remitida a la Suprema Corte de Justicia, pero el tribunal de segunda instancia se declaró incompetente para conocerla y decidió reenviar el caso al pleno de la Corte de Apelación.
Tras la Corte rechazar la recusación, procedió a fijar audiencia para mañana 5 de mayo.
Sobre la recusación
Los abogados del procurador argumentaron que la magistrada participó en un elemento clave de prueba dentro del proceso, específicamente en la entrega controlada del presunto dinero del soborno, lo que a su juicio la limita para conocer el caso.
“A raíz de una recusación que tuvimos que hacerle a la juzgadora porque participó en un elemento de prueba que entendemos la limita para conocer el proceso. Ella tuvo contacto con el dinero, con videos y con evidencias que ni siquiera la defensa ha tenido acceso”, explicó.
En ese sentido, entendieron que esa participación constituye un conocimiento previo del fondo del caso, lo que impediría a la jueza actuar con objetividad en la audiencia de medida de coerción.
Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva
El Ministerio Público solicita que Valdez Alcántara cumpla un año de prisión preventiva mientras continua su investigación.
Según el órgano acusador el procurador fue arrestado en flagrante delito la noche del pasado viernes 27 de marzo, durante una entrega controlada autorizada por un juez en la que se le ocuparon los dólares señalados.
Supuestamente habría exigido inicialmente la suma de US$200,000, que luego redujo a US$150,000 durante una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y solicitó un vehículo Mercedes Benz 350 o 450.
El imputado habría solicitado dinero a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.
El caso es dirigido por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien ha reiterado la política de cero tolerancia frente a la corrupción dentro del Ministerio Público.
!Compartir este artículo a través de tus redes sociales!