AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- Este miércoles a las 2:00 de la tarde continuará el conocimiento de la audiencia de medida de coerción que se conoce contra 10 personas involucradas en una estructura de corrupción administrativa compuesta por militares y civiles.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó la audiencia debido a que, ya pasada la 1:00 de la mañana de ayer martes, uno de los imputados presentó complicaciones de salud, según explicó el abogado Valentín Medrano, quien representa a uno de los encartados.
El Ministerio Público acusa a estos ciudadanos y militares de actuar de manera coordinada para favorecer a determinadas empresas que ofrecen servicios de seguridad privada a cambio de sobornos, manipulando los procesos de contratación para garantizar la continuidad de los contratos de forma irregular.
Durante la audiencia de ayer martes, de estos 10 acusados, cinco han aceptado su culpabilidad.
Estos fueron el coronel Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Quilvio Rodríguez, quien es propietario de la Empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase), el teniente Wellington Peralta Santos y el gerente de seguridad de Edenorte, Bolivar Nicolás Fernández Espinal.
Para los cinco que admitieron su responsabilidad en los hechos, el Ministerio Público varió su pedimento de prisión preventiva a prisión domiciliaria, mientras que mantuvo el pedimento de prisión preventiva contra los otros cinco encartados con los que no llegaron a un acuerdo.
Los imputados y la acusación
Además de los acusados que se declararon culpables, los otros imputados son el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, todos del Ejército. También se incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo y, según la acusación, los militares y civiles implicados violaron la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06).
Las acciones fraudulentas afectaron a instituciones que atienden necesidades de poblaciones vulnerables, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o servicios básicos y estratégicos para el desarrollo social y económico, como las empresas distribuidoras de electricidad.
Además del Inaipi, los imputados afectaron al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La investigación del Ministerio Público se inició a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
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