AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres imputados en el caso de supuesta corrupción perpetrado desde el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
La medida de coerción fue dictada contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Los imputados deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre.
Mientras que para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza Fátima Veloz dispuso arresto domiciliario y presentación periódica.
Por su parte, los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas recibieron una garantía económica como medida cautelar.
La investigación del Ministerio Público, que la ha denominado bajo la operación Camaleón, se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.
Las irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
Ministerio Público valora decisión
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), consideró como «el triunfo de la verdad sobre la mentira» la decisión de la jueza Ortiz.
Al salir de la audiencia, Camacho aseguró que la decisión del tribunal responde a la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado.
Dijo que se encontraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia, «lo que impulsó la decisión judicial, contrario a los alegatos de la defensa».
Camacho también advirtió sobre nuevas líneas de investigación que podrían resultar en la imputación de más personas. «Ahora nos enfocaremos en seguir recabando evidencias y explorar nuevas líneas de investigación que podrían llevar a la identificación de nuevos imputados», afirmó.
!Compartir este artículo a través de tus redes sociales!