AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTO DOMINGO.- Agentes de la Policía Nacional apresaron a tres ciudadanos colombianos acusados de integrar una estructura dedicada a seguir clientes de entidades bancarias para despojarlos de altas sumas de dinero, tras un asalto en el que un comerciante fue despojado de 1 millón de pesos en Santiago.
Los detenidos fueron identificados como Gustavo Andrés Rincón Granados, de 38 años; Edwin Santiago Osorio Rodríguez, de 26; y Jeffersin Trujillo Tovar.
Los extranjeros fueron arrestados en el parqueo de un centro comercial de Puerto Plata.
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos son señalados como los presuntos responsables del robo de RD$1,000,000, ocurrido el pasado 25 de junio, luego de que la víctima, cuyo nombre no es omitido por seguridad, retirara el dinero de una entidad bancaria en Santiago.
Las pesquisas establecen que el comerciante fue seguido desde el banco y que los sospechosos perforaron discretamente uno de los neumáticos de su vehículo, provocando que perdiera aire de manera gradual.
Indica que al detenerse en una gomería de la avenida 27 de Febrero, en el ensanche Ramos, para reparar la avería, los individuos aprovecharon el momento para sustraer el sobre que contenía el dinero.
Según la Policía, este era el modus operandi de la presunta banda.
Evidencias ocupadas
Durante el operativo, los agentes ocuparon RD$494,295 en efectivo 294,000 pesos colombianos, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, documentos personales y el vehículo Hyundai Elantra que habría sido utilizado para cometer el delito.
Fiodaliza Popa Arias, vocera de la Policía Nacional en Santiago, informó que los detenidos admitieron verbalmente su participación en el robo.
Sostuvo que los sospechosos señalaron como presunto cabecilla al también colombiano José Ricardo Gómez Martínez, quien permanece prófugo y de acuerdo con las investigaciones, huyó con el resto del dinero sustraído.
La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda del presunto cabecilla, mientras los tres detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes.
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