AL FILO DE LAS NOTICIAS
SANTIAGO. – La jueza Ilka Méndez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, aplazó para el tres de enero la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción en contra de un hombre acusado de cometer una estafa por más de RD$18.4 millones en perjuicio del Estado y miles de particulares.
El tribunal ordenó el aplazamiento de la audiencia contra José Antonio Santana Moronta, para permitir la comparecencia a la audiencia a otros afectados del proceso, que han sido debidamente citados.
El fiscal titular de esta demarcación, Osvaldo Bonilla, reiteró el llamado a las personas afectadas para que participen en la audiencia, en procura de que “sus derechos, que les han sido vulnerados, puedan ser resarcidos con el proceso judicial”.
El Ministerio Público asegura que posee elementos probatorios suficientes para demostrar al tribunal la responsabilidad penal del imputado Santana Moronta en los hechos atribuidos.
Según expresa un comunicado, tras una investigación que se extendió por varios meses, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, encabezada por el procurador de corte Iván Féliz Vargas y los fiscales Johann Newton López y Adolfo Díaz, adscritos al Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago, el MP logró desarticular la red que presuntamente había sustraído los fondos, suplantando la identidad de miles de personas de escasos recursos económicos que recibían asistencia a través de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess).
La acusación señala que la mafia operaba desde el “Colmado Moronta”, ubicado en el distrito municipal La Canela, propiedad del imputado, desde donde supuestamente se realizaban las transacciones bancarias fraudulentas con tarjetas duplicadas o clonadas con las que sustraían los fondos de los programas “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
El expediente detalla que el acusado se valió de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18,445,182.66, en perjuicio del Estado y de miles de beneficiarios de los programas sociales.
Agrega que las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, “lo que generó una alerta en la institución financiera que identificó 58,738 transacciones sospechosas, realizadas entre el 9 de septiembre y el 8 de diciembre de 2020”.
El pasado 22 de diciembre, los fiscales actuantes y agentes del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, allanaron el establecimiento del detenido y arrestaron al propietario.
El MP le imputa al detenido la violación a la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
Además, los delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, descritos y sancionados en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD).
!Compartir este artículo a través de nuestras redes sociales!