Aún sin respuesta por atropello en Canódromo

AL FILO DE LAS NOTICIAS

Treinta días después de la brutal agresión policial de que fueron víctimas un grupo de periodistas del Listín Diario, de CDN canal 37 y el Defensor del Pue­blo y sus asistentes, el país no conoce la situación de la investigación ni el curso de las querellas interpuestas por los agraviados.

Entre las doce y la una de la tarde del 11 de abril pasa­do, la libertad de prensa en la República Dominicana sufriría un golpe porque lo que se consideraba una la­bor normal de la prensa pa­ra investigar las denuncias de extorsión a propietarios de vehículos retenidos en el Canódromo El Coco, se con­virtió en una agresión, des­pojo de equipos de trabajo periodístico y golpeo físico a periodistas y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

Oficiales y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Di­gesett) que retienen vehí­culos en el Canódromo El Coco impidieron violenta­mente la labor de la prensa y la inspección del Defensor del Pueblo.

Los policías golpearon con macanas, palo de golf y puños a los periodistas, lo que fue registrado por vi­deos que inundaron los me­dios de comunicación y las redes sociales.

Lo que siguió al atropello fue la destitución de la coro­nela Ysabelita de los Santos Pérez y luego el traslado de todo el personal que pres­taba servicio allí. Al día si­guiente de retener el equipo de Listín Diario y CDN, ofi­ciales de Digesett los devol­vieron, pero habían borrado la data del celular, en un ac­to de censura previa inadmi­sible donde se respeta la li­bertad de prensa.

Director se disculpa

El director de la Digesett, ge­neral de la Policía Ramón Antonio Guzmán, visitó por separado al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y al di­rector del Listín Diario, Mi­guel Franjul, a quienes pidió excusas públicas por el atro­pello y prometió sanciones para los culpables.

Como parte de la pesqui­sa la fiscalía de Asuntos In­ternos remitió al Instituto Nacional de Ciencias Foren­ses (INACIF), el teléfono ce­lular del Listín Diario, donde se denuncia fueron borrados los vídeos y fotografías del incidente, para ser sometido a prueba forense.

La autorización para el análisis forense fue hecha por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instruc­ción del Distrito Nacional, Kenya Romero, tras la solici­tud de la fiscal Santa Reyes, coordinadora de Asuntos In­ternos de la Fiscalía.

Igualmente ha sometido a interrogatorios a los agen­tes de la Digesett que se en­contraban de servicio el día que el Defensor del Pueblo y su personal se presentaron a una inspección al Centro de Retención Vehicular (Canó­dromo), tras denuncias de irregularidades.

También han sido en­trevistado el personal que acompañó a Ulloa el día que se produjo el incidente, don­de además fue agredida la periodista del Listín Diario, Lourdes Aponte, el fotógrafo Raúl Asencio, y Víctor Olivo reportero gráfico de CDN, quienes también fueron en­trevistados.

Comisión

Entre las acciones que se han desprendido del suce­so, resalta la creación de una comisión de institucio­nes gubernamentales para desarrollar los trabajos de elaboración de un plan que permita solucionar la pro­blemática de la retención y devolución de vehículos en el centro de retención vehi­cular de la Dirección Gene­ral de Seguridad de Trán­sito y Transporte Terrestre (Digesett), el Canódromo El Coco.

El grupo de trabajo quedó conformado por represen­tantes de la Contraloría Ge­neral de la República, el Mi­nisterio de Interior y Policía (MIP), el Defensor del Pue­blo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terres­tre (Intrant) y la Digesett.

Esta comisión se reunió el 29 del pasado mes y avan­zaron que en el próximo en­cuentro, que aun no se ha efectuado, se designarían los grupos de trabajo para cada centro de retención.

Entrega de vehículos

Asimismo, se examinaría el estatus jurídico de todos los vehículos y se realizaría una entrega “expedita a los ciu­dadanos que demuestren la documentación que los acrediten como sus legíti­mos propietarios.

Acusa a la Policía

El clima de libertad de prensa en la República Dominicana se entur­bió en las últimas sema­nas debido a ataques de agentes de Policía a pe­riodistas, denunció la Sociedad Interamerica­na de Prensa (SIP) en su informe preliminar de medio año.

El motivo

En su documento, que será sometido a apro­bación en la próxima reunión semestral de mitad de año, la SIP subrayó que policías re­primieron y despojaron de sus equipos de traba­jo a reporteros del Listín Diario y de varios noti­cieros de televisión que acompañaban al defen­sor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante una ins­pección a un depósito de vehículos que son rete­nidos por violaciones a la ley de tránsito.

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